Megaproyectos de la 4T desplazan, despojan y criminalizan: académicos

Tomado de contralinea

Autor: Indra Cirigo

Megaproyectos –como el del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos– van de la mano del desplazamiento, los asesinatos, despojos, desaparición forzada y actividades clandestinas de grupos paramilitares en comunidades indígenas. Todo lo “necesario” para arrebatar las tierras y comenzar con las obras de construcción, advirtió Gerardo Camacho de la Rosa, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En ese contexto, las consultas públicas realizadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –que avalan los megaproyectos– son “exprés y clientelares y no cuentan con información previa”, además de que infringen las normas establecidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló el antropólogo Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“Las votaciones realizadas a las poblaciones de Huesca y Tepoztlán en el estado de Morelos –poblaciones afectadas directamente por el Proyecto Integral Morelos– resultaron negativas”, afirmó el académico del INAH.

López y Rivas agregó que la Guardia Nacional y el gobierno federal atacan a los defensores de la tierra señalándolos como radicales. Asimismo, advirtió que la creciente fuerza del Estado mostrada mediante el acelerado proceso de militarización ha propiciado un mecanismo necro-político, donde el crimen organizado se encuentra inmerso en todo tipo de negocios con un gran nivel de impunidad para sus integrantes.

Durante su participación en la conferencia “La defensa de los recursos naturales ante los megaproyectos”, realizada en el Anfiteatro Alfredo Barrera, Camacho de la Rosa consideró que México ha sufrido un incremento de agresiones desde el inicio de la “cuarta transformación”.

Por su parte, Eliser Zamora Pérez –de la comunidad Amilcingo y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPCTA-MPT)­– declaró que ya no se permite la libre manifestación para defender los derechos de los pueblos originarios.

Al respecto, López y Rivas informó que tanto defensores de la tierra como acompañantes solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medidas cautelares para prevenir y evitar las agresiones y asesinatos en contra de las comunidades y defensores de la tierra.

Indra Cirigo